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Friday, April 19, 2024
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Betssy Chávez: piden anular venta de un inmueble de exfuncionaria para avalar reparación civil

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La Procuraduría General del Estado solicitó ante el Poder Judicial declarar la nulidad del reciente acto de compraventa de un departamento de la investigada Betssy Chávez con el fin de asegurar el pago de la reparación civil en el proceso que se le sigue por presunta rebelión cuando era premier de Pedro Castillo.

El documento fue ingresado ayer al Juzgado de Investigación Preparatoria de la Corte Suprema y la solicitud concreta es que se declare la nulidad de la transferencia del mencionado inmueble, efectuada por la expremier.

Solicitamos que se inste al representante del Ministerio Público, la formación del cuaderno de nulidad de transferencia”, señala el oficio enviado por el procurador Daniel Soria.

Según información a la que accedió la Procuraduría General del Estado, Chávez vendió un departamento de su propiedad en el distrito de Calana, en Tacna, a la ciudadana Celestina Mamani Molinero.

El acto de compraventa se produjo en mayo. El 18 de este mes fue elevada la escritura ante Registros Públicos de Tacna. Es decir, fue un proceso realizado cuando Betssy Chávez tenía pleno conocimiento de la investigación en su contra por el fallido golpe de Estado del 7 de diciembre del 2022.

También de Pedro Castillo y Aníbal Torres

En días previos, la Procuraduría General del Estado solicitó el embargo de los bienes del expresidente Pedro Castillo y su expremier Aníbal Torres para asegurar la reparación civil. Sobre la marcha, esta misma instancia detectó la reciente compraventa del bien inmueble de la expremier Betssy Chávez, quien al día de hoy no reporta ninguna propiedad a su nombre.

En el caso de Castillo, figuran tres inmuebles ubicados en la urbanización rural Caserío Aliso, distrito de Anguía, provincia cajamarquina de Chota, y un predio en Tacabamba.

En el caso de Torres, solicitan el embargo de un departamento en San Isidro, que incluye un estacionamiento, así como otros inmuebles en la Urbanización Pando, Cercado de Lima.

De esta manera la Procuraduría busca asegurar el cobro de la reparación civil de S/67 millones de soles de forma solidaria en caso de que los investigados en este proceso sean condenados. Fuente: la República

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